Para la economía, la competencia es un factor determinante dentro de la oferta y demanda de un bien o servicio en una sociedad. Entre mayor sea la competencia de un producto o sector (oferta), más amplio será el abanico de opciones que tienen los compradores para adquirir el producto que necesitan (demanda). Pero, si existe un sesgo entre los vendedores y los compradores, esto afectará directamente el precio del producto final. Por ejemplo, si exclusivamente una empresa vende un producto, los compradores tendrán que adecuarse al costo y políticas de venta impuestas por dicha empresa, si es que quieren adquirir el bien. En cambio, cuando varias empresas ofrecen el mismo producto o servicio deberán de llamar la atención de los compradores a través de una oferta de valor, un plus que ofrecen las empresas para atraer y mantener a sus clientes.
Hasta hace poco, existía un monopolio en el mercado bursátil mexicano. Un monopolio ocurre cuando solamente una empresa vende un producto o servicio y no existe alguna otra que ofrezca un producto sustituto. Si una empresa deseaba acceder a financiamiento bursátil, tenían que prepararse internamente para cumplir una serie de requisitos y costos impuestos por la Bolsa Mexicana de Valores. Pero a partir de 2017, las empresas tienen una segunda opción: La Bolsa Institucional de Valores o BIVA.
Con la llegada de un segundo intermediario bursátil, se esperaba que el mercado bursátil de México fuera más eficiente: más empresas emitirían deuda o acciones y los inversionistas nacionales tendrían más opciones para diversificar sus portafolios. Pero hasta el momento no es así.
En agosto se cumplen dos años desde que BIVA entró en operaciones y hace 21 meses que no hay una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado accionario de México. En otras palabras, desde entonces ninguna empresa mexicana se ha convertido en pública y emitido nuevas acciones. GTransportes fue la última sociedad anónima que emitió acciones en noviembre del 2017; ese mismo año Becle, BanBajio, Vista Oil & Gas, Traxión y Fibra Nova realizaron OPI’s exitosas.
En 2018 se esperaba que Sigma Alimentos, Grupo Coppel, Grupo Financiero Mifel y Grupo Axo completaran una OPI, pero cancelaron los planes. La razón de la cancelación fue la ausencia de condiciones idóneas del mercado pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones presidenciales de México, (y el posterior triunfo de Andrés Manuel López Obrador) pintaban un panorama incierto para el mercado mexicano. En el horizonte, no existe un registro en el mercado de alguna empresa mexicana que esté lista para cotizar en bolsa pues, según analistas, las condiciones económicas actuales del mercado podrían no ser exitosas para las nuevas acciones.
Pero existe otro factor que limita la oferta de empresas que cotizan en una bolsa de valores en el país y que es trascendental para una empresa pública: la implementación de un Gobierno Corporativo.
Según PWC, un 83% de las empresas en México son familiares (unidades económicas dirigidas por su dueño). Se estima que estas empresas contribuyen con el 67% del empleo del país. Las empresas familiares pueden contar, o no, con un estructura de Consejo directivo el cual lleva a cabo la planeación de las estrategias futuras y verifica su aplicación. Pero no cuentan con una estructura de gobierno corporativo a través del cual se genera una mayor transparencia, credibilidad y certidumbre financiera a través de una toma de decisiones certeras que forjen un incremento en el valor de la empresa, a accionistas e inversionistas.
Según KPMG, solamente el 6% de las empresas familiares logran trascender hacia la tercera generación. La Universidad de las Américas de Puebla, a través del estudio Radiografía de la empresa familiar en México, estima que el 4% de las empresas familiares logran llegar a la tercera generación.
Es importante que las empresas planeen una estrategia a largo plazo para lograr que la empresa se institucionalice, primero con un protocolo familiar y posteriormente con la creación de un consejo de administración, porque independientemente de que una empresa tenga la finalidad de cotizar en bolsa, o no, a través de un gobierno corporativo la empresa garantiza su estabilidad y permanencia en el tiempo en una sociedad.
Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores solicitan para la emisión de acciones o deuda la implementación del gobierno corporativo, además de que se apliquen las Normas Internacionales de Información Financiera en su área contable.
Y es que, la creación de un gobierno corporativo, con una asamblea de accionistas, el consejo de administración y los comités de auditoría, evaluación y finanzas, realmente no es sencillo ni rápido. Y menos porque los dueños de una empresa deben de tomar en cuenta recomendaciones de personas que no necesariamente son socios, al incluir consejeros externos, pero que son especialistas en el sector. El análisis “Empresas Familiares en México” realizado por KPMG dio a conocer que el 32% de las empresas reconocen alguna resistencia para la implementación de un gobierno corporativo, pero al final, el 95% de ellas reconocen que es útil contar con una estructura profesional.
Pero al final, los resultados de un gobierno corporativo en una empresa facilitan su financiamiento, aumenta la valoración de esta y mejora el desempeño operativo. Lo que al final se traduce en beneficios económicos constantes para los directivos, empleados e inversionistas y solo se debe de tomar la principal decisión: institucionalizar la empresa.
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