Implicaciones negativas para Jalisco si sale del pacto fiscal

Especialistas en economía y finanzas públicas reconocen que urge una nueva Convención Nacional Hacendaria para resolver problemas sobre la justa distribución de los impuestos entre los estados del país, pero advierten que la salida de Jalisco del pacto fiscal sería “un grave error».

Si bien los estados pueden abandonar dicho pacto si el congreso local avala la decisión, esto obligaría a crear desde cero un Sistema Tributario Estatal, lo que implicaría un riesgo alto de aumento en impuestos para los contribuyentes porque tendría que modificarse todo el régimen fiscal de Jalisco y habría un doble desafío: obtener más recursos propios y asumir el costo administrativo y político de esta decisión.

Lo anterior traería como consecuencia una doble tributación para los ciudadanos, señaló en un reciente foro sobre este tema Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

De entrada, esto afectaría la recuperación económica por la pandemia y complicaría el escenario al traer menos incentivos para invertir por el aumento del costo fiscal y por la incertidumbre tributaria, así como el riesgo de precios más altos por la repercusión de los nuevos impuestos y la posible salida de capitales, dijo en entrevista Luis Ignacio Román Morales, economista y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Román Morales recordó que, históricamente, la principal fuente de financiamiento del gobierno no han sido sólo los impuestos, sino los ingresos derivados de las entidades paraestatales y particularmente del petróleo.

“Gran parte del gasto que ejerce México viene de ahí y salir del pacto fiscal tendría implicaciones severas, pues casi 35% de los ingresos del sector público mexicano provienen del petróleo. Y aunque ha ido bajando, la dependencia de estos ingresos representa casi la tercera parte de los recursos que se ejercen en carreteras, en el pago de uno de cada tres policías, uno de cada tres médicos del sector salud, un maestro de cada tres del sistema educativo, una vacuna de cada tres y así sucesivamente”.

Fondo político

El Gobierno de Jalisco confirmó que durante agosto y septiembre de 2021 el tema se someterá a una consulta popular que organizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) bajo la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados?

En opinión del especialista en derecho fiscal, Héctor Alberto Romero Fierro, sería innecesaria la consulta, toda vez que ya el propio Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, planteó que sólo se buscará una reforma del pacto fiscal, situación que también se prevé difícil debido a que la mayoría de gobernadores son del mismo partido que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ya descartó la posibilidad de discutir cambios al respecto.

Romero Fierro secundó la intención del gobernador jalisciense al señalar que las decisiones del presidente López Obrador, de recortar 8.2% los recursos de la Federación a los estados y disminuir más de 24% el gasto de operación, tan sólo en el primer trimestre de 2021, amerita una revisión.

Sin embargo, Marco Aurelio Núñez Cué, doctor en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana (UP), indicó que la intención de llevar a consulta pública un tema de carácter técnico, tiene más un “fondo político”, pues es conocida la gran dependencia que el estado tiene de los recursos federales.

Agregó que durante 2020 el presupuesto de Jalisco ascendió a poco más de 123 mil millones de pesos, de los cuales sólo 20 mil millones provinieron de recursos estatales y 103 mil millones de la Federación.

Obstáculos legales

Domingo Ruiz López, presidente del Capítulo Occidente del Colegio de Abogados de México (INCAM), destacó que el modelo de país sobre el que se cimentó el federalismo fiscal, actualmente resulta obsoleto y señaló que para hacer cambios de fondo primero se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional.

Más allá de la intención de la consulta popular con la que el gobierno de Jalisco pretende justificar la idea de adherirse o no al pacto fiscal, a continuación se enumeran algunos obstáculos:

1) Las leyes que regulan las transferencias de recursos del fondo general participable se aprueban en el Congreso de la Unión, no en el Congreso estatal. Por lo tanto, al salir del pacto, Jalisco tendría que renunciar a estas asignaciones.

2) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) seguiría auditando las finanzas de Jalisco ya que no está atada a la Ley de Coordinación Fiscal, sino vinculada con el artículo 113 de la Constitución y esto la faculta para seguir revisando todo el dinero que la Federación recauda y distribuye a los estados, así como revisar el uso de los empréstitos.

3) En caso de salir del pacto, Jalisco también tendría problemas para contratar préstamos debido a que hay una legislación en materia de deuda pública que prohíbe a los gobiernos estatales solicitar créditos sin el aval federal.

4) El gobierno estatal no podría hablar a nombre de los municipios porque gozan de autonomía para la gestión de su dinero y del derecho para recibir participaciones federales, por lo que los ayuntamientos podrían rechazar una decisión que sea contraria a sus intereses.

5) Si Jalisco rompe el pacto fiscal tendría que resolver quién realizará el pago de las competencias concurrentes, por ejemplo, la organización de las elecciones, pago a maestros federales y a personal del sector salud, entre otros.

6) Hay prohibición constitucional de imponer gravámenes a importaciones y exportaciones y también hay restricciones para que los estados impongan aranceles comerciales. Los gobiernos estatales tampoco pueden promulgar leyes y disposiciones en materia de impuestos. Ésta es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que Jalisco tendría que resolver sobre qué base jurídica podría establecer contribuciones, sin romper con las normas constitucionales.

7) Constitucionalmente la Federación podría exigir el pago de impuestos federales. De tal manera que podría darse el caso que Jalisco perdiera las participaciones, las aportaciones, los convenios y los subsidios viéndose obligado a crear nuevos gravámenes; y los ciudadanos podrían enfrentar doble tributación.

8) Desde el plano constitucional la federación puede intervenir en todo el país sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, pirotecnia, industria cinematográfica, juegos y apuestas, comercio e intermediación de servicios financieros, así como en materia de regulación y tributación laboral.

9) El Banco de México determina con autonomía la política monetaria, y la Federación tiene el monopolio constitucional para establecer contribuciones que, a juicio de Banxico, deban existir para salvaguardar la política monetaria, por lo que la entidad tendría que acatar esto.

10) Si el gobierno estatal quisiera cobrar sus propios impuestos tendría que hacerlo de manera explícita porque el gobierno federal seguiría cobrando el Impuesto al Valor Agregado (IVA ) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de los impuestos especiales aprobados por el Congreso de la Unión. Los especialistas señalaron que así de complicado es el nudo de la Coordinación Fiscal que se ha venido atando desde finales de los años setentas y las opciones reales para que Jalisco pueda hacer cambios son: Impulsar una reforma al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o romper el Pacto Federal para comenzar todo de nuevo, asumiendo los costos para los ciudadanos de esta decisión.