01 Sep Economía y reglas antilavado: lo que debes saber
México enfrenta una presión sin precedentes para reforzar su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Aunque a primera vista puede parecer un tema lejano, sus riesgos son difíciles de identificar y podrían afectar directamente al sistema financiero.
Un reciente análisis realizado por expertos nacionales e internacionales, durante una sesión organizada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), revela cómo esto podría impactar la economía real de los mexicanos.
¿Qué está ocurriendo?
Desde el 2025, el gobierno estadounidense endureció su postura al designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y activó leyes que permiten investigar -y sancionar- a quienes de alguna forma les brinden apoyo, incluso de forma indirecta o sin intención.
Tres instituciones financieras mexicanas ya fueron señaladas por presunto lavado de dinero, con base en la llamada “ley del fentanilo”, vigente desde abril de 2024 bajo la administración Biden. Y con Trump, están latentes medidas más severas.
Según Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, aunque México ha avanzado en regulaciones, aún hay debilidades en supervisión y cumplimiento. Y tras la desaparición de órganos autónomos, se podría incrementar la desconfianza. Por ello, hizo un llamado a “blindar la economía mexicana frente a estos riesgos”.
Más sanciones
De acuerdo con el abogado estadounidense Patricio Martínez Llompart, luego de los atentados del 11 de septiembre, su país desarrolló leyes para combatir el terrorismo en Medio Oriente y ese mismo marco legal ahora se aplica en México.
Si una operación pasa por un banco estadounidense, las autoridades norteamericanas ya tienen jurisdicción para actuar. Si una empresa o persona es acusada de apoyar a un grupo criminal, las consecuencias pueden ser graves: desde multas millonarias hasta cárcel, explica.
Aunque se requiere demostrar que hubo conocimiento del ilícito, “esta ley es flexible: basta con que no hayas hecho lo suficiente para evitar apoyar a una organización terrorista”, dice.
Añade que la mejor defensa es “prevenir”, ya que las empresas que auto reporten su incumplimiento pueden recibir un trato favorable. Salvo que existan factores agravantes.
Más allá de la ley mexicana
Carlos Montaño, exfuncionario de Hacienda, reconoce que desde hace tiempo México debió aplicar más medidas: “Nos confiamos demasiado en cumplir solo con lo que dice la regulación mexicana. Ahora ya no es suficiente”.
En su opinión las empresas e instituciones financieras deben cambiar la forma de evaluar riesgos y si Estados Unidos está preocupado por el tráfico de fentanilo, combustibles o personas, esos temas deben incluirse en los análisis de cumplimiento.
“No estamos aislados, somos parte de un sistema financiero internacional perfectamente interconectado y esta interconexión nos hace vulnerables si no prevenimos”, subraya.
Por su parte Víctor Manuel Herrera, analista económico del IMEF advierte que si los bancos y empresas pequeñas tienen que dedicar más recursos al cumplimiento de normas internacionales y a evitar sanciones, habrá restricción de créditos y menos inversiones.
Ante ello sugirió modernizar el sistema regulatorio y reducir la informalidad en la economía, para mejorar la supervisión contra el dinero de procedencia ilícita.
Necesario reconocer el problema
Tanto Herrera, como José Antonio Quesada, ex funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), advierten que el anteproyecto de la ley antilavado era más robusto que la reforma aprobada en julio de 2025, pues al final se eliminaron todas las referencias al financiamiento al terrorismo sin reconocer el problema. Los participantes coinciden en que ahora el gobierno mexicano debe ayudar a blindar el sistema financiero para descubrir posibles faltas, pues el asunto del crimen organizado transnacional seguirá presente en la agenda de política pública estadounidense.